Después de haber escuchado a organizaciones no gubernamentales, especialistas en Derecho, miembros de las fuerzas federales y el fiscal federal Gustavo Gómez, el Ministerio Público Fiscal presentó el miércoles en la Corte Suprema de Justicia un pedido para que se declare inconstitucional la Ley de Narcomenudeo, norma que debería entrar en vigencia el 1 de enero.
“Actuamos en representación de todas las personas que nos dieron su opinión sobre el tema”, aseguró una fuente del MPF para diferenciar lo que ocurrió hace cuatro años. Después de que la Legislatura aprobara una norma similar en 2014, el Ministerio Público presentó en el máximo tribunal una medida cautelar para que se impidiera la puesta en marcha de esa norma. La Corte le dio la razón y ordenó que no se aplicara hasta tanto estuvieran dadas las condiciones (de infraestructura y de recursos humanos) para hacerlo.
La presentación, según trascendió, se basa en al menos cuatro puntos clave:
- Sin infraestructura: dentro de las ruedas de consultas, los funcionarios del MPF convocaron a los representantes de las fuerzas de seguridad nacionales que se dedican a la luchar contra el narcotráfico. Los sentaron en una larga mesa y les pidieron que elaboren un informe sobre el cuadro de situación. Los escritos, según confirmaron fuentes judiciales, fueron entregados a los pocos días. Todos aplaudieron la iniciativa, pero aclararon que la norma fracasaría si es que no se solucionaban los problemas de infraestructuras. Con distintas palabras observaron los mismos inconvenientes: la falta de lugares de detención y elementos para desarrollar las investigaciones ponían en riesgo la efectividad de la norma.
- Antecedentes: los investigadores, el fiscal Gómez y varias ONG les advirtieron que en otros lugares donde se decidió provincializar la lucha contra el narcomenudeo la declararon inconstitucional por la falta de infraestructura. “No es un problema menor. No se puede empezar con algo así y termina siendo un fracaso porque a mitad de camino se dan cuenta que les faltan insumos para hacer las pruebas de la droga que se secuestre”, explicó una fuente del MPF
- Medida cautelar: los constitucionalistas y funcionarios judiciales también advirtieron que podría presentarse un nuevo conflicto judicial. En 2014, la provincia se adhirió a la Ley nacional que establecía la provincialización de la lucha del narcomenudeo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de una medida cautelar, suspendió la puesta en práctica de la normativa en marzo de 2015. La falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos fueron los principales argumentos que se esgrimieron a la hora de solicitar que se suspendiera la aplicación. En septiembre, se sancionó otra norma similar que habilitaba a la justicia ordinaria a luchar contra el mismo delito. Los especialistas dijeron que no se podía crear una ley para eludir la suspensión que había dictado la Corte y además señalaron que los recursos humanos y tecnológicos siguen siendo los mismos que desde hace cuatro años.
- Competencia: ese quizá es el tema que más se debatió en esta rueda de consultas. En la norma sancionada por la Legislatura no quedó en claro cuándo debería intervenir la justicia ordinaria y cuándo la Federal. Los especialistas confirmaron que ese punto gris generaría numerosos inconvenientes entre los dos fueros y, que si no se solucionar, debería intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Eso significa que la aplicación esté demorada muchísimo tiempo, años quizás hasta que se resuelva”, explicó un vocero del MPF.
Revuelo
La presentación generó un revuelo en los tres poderes del Estado. En la Corte confirmaron a LA GACETA la recepción del pedido y confirmaron que hoy comenzarán a analizarlo. Claudia Sbdar, presidenta del máximo tribunal debería indicar los pasos que darán sus pares. “Seguramente el gobernador y el vicegobernador estarán atentos a este planteo. Hay que buscar una solución porque es lo que nos reclama la sociedad”, dijo Regino Amado, que está a cargo del PE.
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico Carlos Driollet se mostró sorprendido. “Veníamos manteniendo reuniones permanentes y jamás se nos planteó una situación así. Esperemos encontrar una solución porque es lo que la provincia necesita”, explicó.
El ministro Fiscal Edmundo Jiménez no se encuentra en la provincia, sino en la Patagonia, participando de en un encuentro nacional de Procuradores. Al hacerse pública la información, su teléfono no paró de sonar.
“Lo más importante es que hay un deseo enorme de los tres poderes a sentarse y comenzar a dialogar para buscar la solución a los problemas”, explicó el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse.
Por su parte, el radical Ricardo Ascárate agregó: “la única solución para salir de este problema es coordinando tareas en conjunto, si no nada sirve”.
Regino Amado
“No recibimos ninguna notificación sobre el planteo judicial que se realizó. Vamos a esperar estar al tanto para poder emitir una opinión. De todas maneras el gobernador (Juan) Manzur y el vice (Osvaldo) Jaldo buscarán la forma de solucionar el problema”, opinó el legislador que está a cargo del PE.
Carlos Driollet
“Es una medida que nos tomó de sorpresa. Desde hace meses que venimos trabajando para que la norma entre en vigencia. Podría haber presentado fallas, pero se podría haber solucionado. Esperemos que se solucione porque la necesitamos”, dijo el secretario de Lucha contra el Narcotráfico.
Gerónimo Vargas Aignasse
“El PE y el PE decidieron luchar contra el narcomenudeo. El planteo que hace el MPF tiene que ver con cuestiones más operativas que legales. Esto debe abrir una instancia de diálogo entre los poderes para encontrar un punto de equilibrio para hacernos cargo de este flagelo”, opinó el legislador oficialista.
José Ricardo Ascárate
“Creo que se debería modificar la legislación nacional para que no se generen estos berenjenales. El Estado debe accionar de manera más coordinada. Eso de lo de acá es mío y lo de allá es tuyo y en el medio nada, es grave. Hay que erradicar este flagelo social que es gravísimo”, señaló el legislador radical.
El paso a paso
1 La nueva Ley de Narcomenudeo se sancionó el 12 de septiembre y el 2 de octubre la promulgó Manzur para que entrara en vigencia el 1 de enero de 2020.
2 Después de haber escuchado a organizaciones no gubernamentales y especialistas, el MPF pidió que se declare inconstitucional la norma.
3 La noticia generó revuelo y durante la tarde hubo contactos entre los tres poderes para tratar de evitar una solución antes de que se resuelva el planteo.
Preguntas clave
¿Qué es la ley de narcomenudeo?
La Ley de Narcomenudeo faculta a los fiscales y jueces del Poder Judicial de Tucumán a investigar, procesar y condenar a los dealers. Hasta acá, los delitos relacionados con venta de drogas eran jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal.
¿A qué se le llama narcomenudeo?
Se le llama narcomenudeo a la venta y tráfico de drogas a menor escala: fraccionadas en dosis y destinadas directamente al consumidor.
¿Quién propuso la iniciativa?
Fue el vicegobernador Osvaldo Jaldo quien hizo el anuncio en una entrevista que brindó en “Buen día”, el programa de LG Play a mediados de agosto. “La Justicia provincial tiene que asumir la responsabilidad de hacerse cargo (de la venta de estupefacientes). El Ejecutivo tiene que sacar la Policía a patear las puertas en cada barrio donde venden droga”, señaló y un mes después fue sancionada la norma por mayoría en la Legislatura.
¿No se vivió ya una situación así?
En 2014, la provincia se adhirió a la Ley nacional que establecía la provincialización de la lucha del narcomenudeo. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de una medida cautelar, suspendió la puesta en práctica de la normativa en marzo de 2015. La falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos fueron los principales argumentos que se esgrimieron a la hora de solicitar que se suspendiera la aplicación.
¿Cuando debe entrar en vigencia la ley?
En teoría, el 1 de enero de 2020, si la Corte Suprema de Justicia de la Provincia rechaza el planteo que presentó el MPF.